
El Decreto N.º 5790 que dispone el veto parcial a la ley de biocombustibles reabre el debate sobre el esquema de mezcla obligatoria en Paraguay. En este contexto, el fundador de PETROCAB S.A., Daniel González, analiza el impacto del modelo vigente, la diferencia con Brasil, el rol del precio del biodiésel y las implicancias del nuevo marco regulatorio para la industria y la cadena de la soja.
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto N.º 5790, fundamentó el veto parcial a la ley de biocombustibles recientemente tratada en el Congreso, manteniendo abierto el debate sobre el alcance de los cambios propuestos al régimen de mezcla obligatoria y el tratamiento impositivo del sector.
El punto central de la discusión gira en torno a la transición del esquema actual, que establece una mezcla obligatoria de 5% de biodiésel en diésel, hacia un sistema más flexible que contempla un rango de 5% hasta 20%, aunque sin obligatoriedad plena de alcanzar el máximo permitido.

En este contexto, el fundador, accionista y apoderado de PETROCAB S.A., Daniel González, analizó el impacto del marco regulatorio y comparó la situación paraguaya con la de países de la región.
“Brasil ya avanzó a un esquema obligatorio mucho más agresivo. Allí se aplica un 15% de biodiésel en el diésel y hasta un 30% de bioetanol en la nafta. Eso es obligatorio, no es opcional. En Paraguay seguimos con un 5% obligatorio y ahora se plantea un rango de 5% a 20%, pero al no ser obligatorio, en la práctica se va a seguir usando el mínimo”, explicó.
González señaló además que uno de los principales factores que limita una mayor mezcla es la diferencia de costos entre el biocombustible y el combustible fósil importado.

Fundador de PETROCAB S.A., Daniel González.
“El biodiésel en Paraguay sigue siendo más caro que el diésel fósil. Entonces, bajo condiciones de mercado normales, los emblemas no tienen incentivos para superar el 5%, porque eso incrementa el costo final del combustible”, sostuvo.
Respecto al debate impositivo incluido en el análisis del Decreto N.º 5790, el empresario se refirió al tratamiento del IVA dentro de la cadena de biocombustibles y la agroindustria, aclarando que el sector aún opera bajo un esquema de exoneraciones parciales que sigue en revisión.
“Hoy el biodiésel se comercializa con exoneración de IVA, pero el debate está en cómo se va a estructurar hacia adelante. Si el país avanza hacia una mezcla obligatoria del 20% y una mayor industrialización de la soja, el esquema fiscal también tendrá que ajustarse”, indicó.
En ese sentido, el análisis también incluye la discusión sobre la industrialización de la soja en Paraguay, un punto que, según González, es clave para el desarrollo del sector energético y agroindustrial.
Actualmente, Paraguay exporta gran parte de su soja en estado primario, bajo un sistema de precios internacionales referenciados, conocido como “precio pizarra”, determinado por grandes operadores multinacionales. Según el entrevistado, este modelo limita el valor agregado local.
El nuevo enfoque que se discute apunta a fomentar la transformación interna de la materia prima en aceite y posteriormente en biocombustibles, lo que permitiría fortalecer la cadena productiva nacional.
Finalmente, González destacó que un eventual incremento del porcentaje obligatorio de mezcla al 20%, combinado con un escenario de aumento del precio del diésel fósil —que podría ubicarse en torno a niveles superiores a los actuales en el mercado regional—, podría cambiar significativamente la estructura del sector.
En ese escenario, el biodiésel ganaría competitividad y la mezcla obligatoria tendría un impacto directo tanto en la industria energética como en la producción agrícola, especialmente en la cadena de la soja.



